Instituciones de gobernanza
Uno de los rasgos característicos de los TICCA—territorios de vida es la presencia de instituciones de gobernanza que funcionan, capaces de tomar y aplicar las decisiones y normas de acceso al territorio y uso de los recursos naturales. Las instituciones locales a cargo de los TICCA—territorios de vida son muy diversas, oscilando entre consejos de ancianos hasta comités elegidos y asambleas aldeanas; desde instituciones tradicionales a modernas o una combinación de ambas; desde pequeños grupos de usuarios nacidos de la necesidad de cuidar un recurso específico hasta organizaciones con sedes más formales, grandes equipos de personal y presupuestos anuales de varios millones de dólares. Las instituciones de gobierno son parte del patrimonio biocultural de cualquier comunidad y, cuando funciona bien, promueven la conservación y el uso sostenible de su entorno de vida. Si no hay una institución de gobernanza que está funcionando, el uso sostenible de los recursos naturales locales no es posible, en tanto que no hay un organismo colectivo capaz de expresar e implementar deseos, necesidades, preocupaciones e intereses compartidos por la comunidad.
Las instituciones de gobernanza locales pueden o no ser reconocidas oficialmente por el Estado (o los Estados) en el que está ubicado el TICCA—territorio de vida; pueden verse superadas por otras instituciones de gobernanza (incluso debido a la acción de la policía y el ejército), o pueden trabajar en colaboración con estas. El reconocimiento externo puede ser muy útil para tener un TICCA—territorio de vida que funcione bien. Sin embargo, nada es tan importante como una institución de gobierno que sea completamente reconocida, es decir, percibida como legítima por su propia comunidad o pueblo. Una institución así probablemente demuestre vitalidad de la #gobernanza y quizás sea parte integral de la identidad compartida por toda la comunidad.
¿Deberían los TICCA—territorios de vida temer la ‘tragedia de los comunes’?
Los pueblos indígenas y comunidades locales generalmente tienen tierras, agua y recursos naturales en sus territorios de vida a la manera de comunes, bajo una institución de gobernanza colectiva. En 1968, Garret Hardin atribuyó una mala fama a los comunes al vincularlos con lo que él denominó la ‘tragedia de los comunes’. Según él, los recursos naturales gestionados como bienes comunes –o recursos de reserva común– estaban condenados a ser sobreexplotados y agotados por los miembros de sus propias comunidades debido a una combinación de codicia individual y comportamientos egoístas. Su teoría y los remedios que sugería –transformar los bienes comunes en propiedad privada o en sistemas controlados por el Estado– se utilizaron ampliamente para justificar el desalojo de los pueblos indígenas y las comunidades locales de sus tierras con el fin de crear parcelas de propiedad privada o propiedades gubernamentales para uso productivo y también con fines de conservación.
El caso de Hardin se basaba en limitaciones ahistóricas, autopromocionales y orientadas políticamente tendenciosas. Su asunción era que los comuneros no pueden hablar o lograr acuerdos y que ellos son incapaces de implementar normas o exigir multas a los infractores. De hecho, los ‘comunes’ de Hardin carecían de lo que hace que los comunes sean significativos, esto es, los vínculos sociales que generan instituciones de gobierno y normas de común acuerdo. Sus ‘comunes’ eran una estafa, una caricatura, un recuento criminalmente amargo que debía su fortuna a un título memorable y que generó malentendidos y miseria incalculables.[1] En la década de 1990, el trabajo de Elinor Ostrom demostró que el análisis de Hardin no solo era impreciso, sino francamente erróneo.[2] Ella pavimentó la vía hacia el reconocimiento de las instituciones de gobernanza de ‘comunes’ de verdad, donde las comunidades locales y los pueblos indígenas no están condenados a devastar los recursos naturales sino, por el contrario, los pueden usar de manera sostenible y conservarlos a través del tiempo. Mediante el estudio de la relación entre pueblos indígenas y comunidades locales y sus comunes alrededor del mundo (que no fueron caracterizados en ninguna parte en el artículo de Hardin), Ostrom identificó las condiciones (o principios) que les permiten a las instituciones de gobernanza gobernar sobre los fondos comunes de recursos para el largo plazo: límites claramente definidos; normas adaptadas a las condiciones locales que asignan recursos a los usuarios; participación de los usuarios de recursos en los procesos de toma de decisiones; reconocimiento de las normas por parte de las autoridades externas; responsabilidad de los usuarios; sistemas de sanciones graduales; mecanismos de resolución de conflictos locales y de bajo costo, y derechos de tenencia a largo plazo. Estas condiciones comprenden lo que muchos Miembros del Consorcio TICCA buscan lograr o mantener para promover el buen funcionamiento de los TICCA—territorios de vida.
Referencias claves:
Hardin, 1968; Ostrom, 1990; Becker and Ostrom, 1995; McCay and Acheson, 1997; Ostrom, 2005; Kothari et al., 2012; Borrini-Feyerabend and Hill, 2015; Farvar et al., 2018.
[1] Cabe destacar que Hardin era también un nacionalista blanco, considerado como «uno de los pilares intelectuales del racismo científico moderno», con la misión de «transformar el ambientalismo en un arma para utilizar contra los inmigrantes, las minorías y las naciones pobres». Ver: https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/garrett-hardin
[2] Otros han discutido esto, en particular McCay and Acheson, 1987.